Nulidad de sentencia por vulneración del derecho de defensa e imputación necesaria en delito de defraudación tributaria «Habeas Corpus Nro. 02836-2022/Junín»

Nulidad de sentencia por vulneración del derecho de defensa e imputación necesaria en delito de defraudación tributaria «Habeas Corpus Nro. 02836-2022/Junín»

Sumilla

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Guillermo Bendezú Cuéllar abogado de don Julio Elerd Guillén Oporto contra la resolución de foja 388, de fecha 10 de setiembre de 2021, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín (f. 388), que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

Fundamentos destacados

En el caso de autos, se aprecia sin embargo que el Ministerio Público ha realizado una imputación de cargos en forma genérica y no individualizada y sin que se haya identificado de manera específica los hechos que en concreto se atribuyen a los denunciados y el tipo de responsabilidad que les correspondería a cada uno de los involucrados, en otras palabras, las imputaciones realizadas se han realizado en bloque o de manera sustancialmente general, sin especificar o definir el tipo de participación que en particular habría tenido el demandante en los hechos imputados en relación con sus presuntos copartícipes, lo que incluso se acentúa si se toma en cuenta que en ningún momento se precisa por cuál de los diversos cargos o responsabilidades que tuvo el beneficiario al interior de la empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blancas SA (gerente general, accionista, miembro del directorio, director ejecutivo o representante legal) es que se le estaría atribuyendo el delito de defraudación tributaria.

Hechos del caso

El 24 de agosto de 2010, la Fiscalía Provincial Corporativa de Islay, Despacho de Investigación del Distrito Judicial de Arequipa, emitió la Disposición 2-2010-MP-DJM-FPPCI-DIN, formalizando investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria contra J.E.G.O. y otros en agravio del Estado representado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El 17 de junio de 2014, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay presentó requerimiento acusatorio contra J.E.G.O. por el delito de defraudación tributaria.

El 23 de septiembre de 2016, en audiencia, el Ministerio Público recalificó la acusación, variando el grado de intervención delictiva de coautoría a autoría.

Itinerario procesal

a) El 20 de octubre de 2016, el Segundo Juzgado Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Arequipa dictó la Sentencia 107-2016, condenando a J.E.G.O. a seis años de pena privativa de la libertad como autor del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado.

b) El 2 de mayo de 2017, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió la Sentencia de Vista 40-2017, Resolución 28-2017, confirmando la sentencia condenatoria.

Agravios del recurrente

1. Vulneración del derecho al debido proceso en sus manifestaciones del derecho a la defensa y de la debida motivación de las resoluciones judiciales.
2. Vulneración del principio de imputación necesaria, alegando que la acusación fiscal adolece de falta de claridad y precisión en cuanto al contenido penal de imputación.
3. Falta de deslinde por cuál de los diversos cargos que ocupó el beneficiario en la empresa se le atribuyó la responsabilidad penal por el delito de defraudación tributaria.
4. Variación injustificada del grado de intervención delictiva de coautoría a autoría sin respetar su derecho de defensa.
5. Indeterminación del cargo funcionarial que habría ostentado el favorecido en el plano organizacional de la empresa azucarera.
6. Insuficiente tiempo para contradecir la circunstancia modificativa introducida por la fiscalía en su alegato final.

Fundamentos del tribunal supremo

El Tribunal Constitucional analizó el caso considerando los siguientes aspectos:

1. Derecho de defensa: El Tribunal reafirmó que el derecho de defensa es un componente esencial del debido proceso, que implica el derecho a conocer de manera expresa, cierta e inequívoca los cargos formulados y la posibilidad de defenderse de ellos.
2. Principio de imputación necesaria: Se estableció que este principio requiere la existencia de un hecho concreto y específico, la calificación jurídica, y la existencia de evidencia o medios de convicción.
3. Análisis de la acusación fiscal: El Tribunal consideró que el Ministerio Público realizó una imputación de cargos en forma genérica y no individualizada, sin identificar específicamente los hechos atribuidos a cada denunciado y el tipo de responsabilidad correspondiente.
4. Falta de precisión en los cargos: Se observó que no se especificó por cuál de los diversos cargos que ocupó el beneficiario en la empresa (gerente general, accionista, miembro del directorio, director ejecutivo o representante legal) se le atribuía el delito de defraudación tributaria.
5. Incongruencia temporal: El Tribunal notó que no se explicaba cómo hechos producidos durante 2006 y 2007 generaban responsabilidad en quien solo habría ocupado cargos hasta 2005.
6. Variación de la calificación jurídica: Se analizó el cambio de coautoría a autoría, considerando que, aunque está permitido, se realizó de manera sustancialmente implicante sobre la defensa del recurrente.
7. Motivación de las resoluciones judiciales: El Tribunal enfatizó la importancia de la debida motivación, señalando que las resoluciones cuestionadas adolecían de una justificación externa y una motivación cualificada.

Conclusión

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, considerando que se vulneraron el derecho de defensa y el principio de imputación necesaria del favorecido. Se declararon nulas tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de vista, ordenando que se emita un nuevo pronunciamiento respetando los derechos fundamentales del acusado y siguiendo las pautas establecidas en la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ponente:

Gutiérrez Ticse